El
4 de diciembre de 2006, los vecinos de la localidad cordobesa de Corral
de Bustos, conocida como “el triángulo de las bermudas” reaccionaron
masivamente hartos ya de la impunidad, encubrimiento y complicidad con
que jueces, fiscales y policías actuaron frente al asesinato de Ariana
Sabache, de 3 años de edad. A la falta de atención a las denuncias de
la abuela de la chiquita anteriores al hecho, se sumaron el manejo de
pistas de aterrizaje clandestinas para tráfico de drogas a cargo de la
policía local; fiscales y policías dedicados al armado de causas a favor
de los ricos y poderosos; encubrimiento de mafias en el lavado de
dinero; la trata regenteada por el poder político y judicial que fueron
el detonante, junto a la bronca contenida durante años, para que luego
del entierro de Ariana, el pueblo estallara en rebelión popular y se
dirigiera a la plaza a manifestar su rabia.
Durante
el entierro hubo tres detenidos, y en la plaza los esperaba un cerco
represivo a cargo de la guardia de infantería que generó la indignación
de los manifestantes y que terminó con el incendio del edificio de
tribunales. En los días siguientes, comenzó una verdadera caza de brujas
cuyo saldo fue de 42 detenidos, de los cuales 34 fueron llevados a
juicio después de una instrucción plagada de vicios y denuncias de
torturas.
Seis
de ellos resultaron condenados a cárcel efectiva y otro tanto a penas
de cumplimiento condicional: Víctor Barbero y Omar Pasquini, condenados a
7 años de prisión efectiva; Rubén Astudillo, Juan José Guayanes, Juan
Marcelo Farías y Horacio Guayanes, a 5 años de prisión efectiva; Karina
Ripoll, Pedro Dobba, Oscar Guayanes, Jorge Alberto Luna y Julio César
Suárez, a 2 años de prisión de ejecución condicional y Hugo Dobba a 3
años de prisión de ejecución condicional.
Como
muestra de la connivencia de los poderes del estado, están las
acusaciones y las imputaciones por las que fueron juzgados los
compañeros, propias del paquete de las denominadas leyes
antiterroristas: “incitación a la violencia colectiva”, “coautores e
instigadores de incendio doblemente agravado”, “lesiones en riña”,
“fabricación y tenencia de bombas incendiarias”, “fabricación y tenencia
de materiales capaces de causar estragos”, al solo efecto, y con la
firme decisión política, de escarmentar la rebelión popular,
criminalizar la pobreza y la protesta.
Las
condenas no están firmes, pero los compañeros continúan presos,
padeciendo las peores condiciones de alojamiento. El estado, que premia a
los policías, gendarmes, prefectos y penitenciarios asesinos y
torturadores con beneficios a manos llenas, y sólo excepcionalmente los
mantiene en las cárceles, aun con condenas firmes hasta de prisión
perpetua, es, en cambio, implacable con sus enemigos de clase. Si para
los presos pobres no hay excarcelaciones, morigeraciones, prisiones
domiciliarias, ni nada salvo los húmedos muros de las cárceles, para los
presos políticos, menos aún.
Por
eso, hace unos días, tres de los compañeros presos en Corral de Bustos
iniciaron una huelga de hambre, que luego levantaron, a la espera del
resultado de las actividades a realizarse en Bellville y Villa María y
la movilización a la Casa de Córdoba en Buenos Aires el 17 de diciembre.
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